Dicha denuncia fue la culminación de más de un año de disputa primero soterrada y después abierta en la coalición que gobierna el Ayuntamiento. Una guerra entre el PP, socio mayoritario, y Mario Gómez, líder de Ciudadanos, que esta semana ha alcanzado otro punto insólito, al anunciar los populares que se querellarán contra él por supuesta revelación de secretos. A pesar de que las relaciones en el consistorio son, como las define Gómez, "cordiales y profesionales", la situación ha llegado a un punto de inestabilidad que hace que estén "todas las opciones abiertas", lo que abarca desde una normalización de las relaciones a una moción de censura que podría desembocar en un cambio en el Gobierno de la ciudad tras más de 25 años de alcaldes populares.
Se formalizó en agosto de 2019, con la firma del propio Gómez como responsable de las contrataciones más importantes, pero había sido adjudicado por el equipo de Gobierno anterior a las elecciones que dieron como resultado el pacto entre PP y Ciudadanos. Un contrato por valor de casi 70 millones de euros repartidos en siete lotes de los cuales el primero y más importante, adjudicado a las empresas Actúa y STV, dos de las más potentes y que acaparan más contratos en la región, suponía casi 50 millones de euros. Los lotes 2 y 3, que alcanzaban casi 10 millones de euros, también fueron para STV.
Según la documentación el contrato se anunció en octubre de 2018 y se establecía un plazo de tan sólo un mes para que las empresas hicieran sus ofertas. Hasta entonces el servicio lo había prestado la empresa STV en solitario. Las primeras dudas surgieron nada más anunciarse el contrato. Un mes no era plazo suficiente para presentar esas ofertas. Menos aún si había que seleccionar qué parques y jardines se remodelarían, medirlos, diseñarlos, presupuestarlos y, además, encargar los renders de los proyectos. En el contrato, además, se establecía como "esencial" que hubiera una gran parte de las obras finalizada en seis meses. Una estrategia del Partido Popular para lograr una rápida adjudicación, que se hicieran las obras y llegar a la campaña electoral con ellas terminadas para poder inaugurarlas.
Eso no impidió, en cambio, que tanto el alcalde como su equipo utilizaran en la campaña algunos de los renders presentados por las empresas ganadoras. Un uso de medios públicos para la campaña y un posible indicio de una presunta financiación ilegal del partido. Sin embargo, el dato más revelador sobre los renders, que se han convertido en la clave del caso, no es ese uso electoral en redes sociales, sino el que muestra un informe pericial, aportado a la denuncia. Según éste documento muchos de esos renders, como demuestran sus metadatos, comenzaron a realizarse meses antes de que fuera anunciado el concurso y por tanto de que se supiese de la necesidad de aportarlos en las ofertas al concurso. Se trataría, en este caso de un presunto delito de uso de información privilegiada, recoge la denuncia. La oposición sospecha, igual que sostiene el propio vicealcalde en su denuncia ante la UDEF, que el contrato habría sido elaborado sabiendo de antemano a quién se adjudicaría.
