¿Y una misa para los 7291 "ancianos ejecutados" por Díaz Ayuso en Madrid?

La gestión del duelo por la tragedia ferroviaria de Adamuz ha trascendido el ámbito del respeto institucional para convertirse en un nuevo campo de batalla político. Lo que debería haber sido un ejercicio de unidad se ha fragmentado en una serie de actos paralelos que evidencian, una vez más, las costuras abiertas en el seno del Partido Popular. A pesar de las gestiones de última hora del gabinete de Isabel Díaz Ayuso ante el Arzobispado de Madrid para intentar desplazar la fecha, la presidenta madrileña ha mantenido su convocatoria en la Catedral de la Almudena. Este tributo católico nace envuelto en la polémica por varios factores. La extralimitación simbólica, en su misiva al arzobispo José Cobo, Ayuso planteó el acto "en nombre de todos los españoles", un gesto que ha sido interpretado como un intento de arrogarse la representación nacional, saltando por encima de la jerarquía del Estado y de la propia comunidad autónoma donde ocurrió el siniestro. Y la colisión con Andalucía, la propuesta de Ayuso se solapa temporalmente con los actos organizados en tierras andaluzas, forzando una innecesaria bicefalia en el luto oficial.

Lo que llama poderosamente la atención es la falta de humanidad por una Presidente que, con sus políticas y su ambición dentro de la farándula en la que se ha convertido la política, y proponga una misa religiosa cuando no ha recibido ni a las familias de los 7291 que fueron ejecutados en las residencias de la Comunidad de Madrid. Se decidió mediante la financiación de pseudomedios y los dos grandes conglomerados del capital, Mediaset y Atresmedia, difundir y humillar a las víctimas con la "propaganda" de que el responsable había sido Pablo Iglesias.

La incógnita final reside en el impacto visual del jueves. Por ahora, ningún barón de peso ni miembros de la cúpula de Génova han confirmado su asistencia a la misa de Madrid. Si nada cambia, Isabel Díaz Ayuso se enfrentará a una fotografía de soledad institucional en los bancos de la Almudena. Una imagen potente que podría leerse de dos formas: como el aislamiento de una líder que camina por libre, o como la ratificación de su papel como la única figura dispuesta a dar la batalla del relato, incluso sin el apoyo de su propia formación.

Argentina ya suma más de 23 mil personas fallecidas por "Abandono Sanitario" del Gobierno de Milei

Determinar una cifra exacta y oficial de personas fallecidas por falta de medicamentos o atención primaria es sumamente complejo, ya que el Estado no suele publicar estadísticas de mortalidad categorizadas directamente bajo la causa "falta de insumos". Sin embargo, diversas organizaciones de salud, asociaciones de pacientes y gremios médicos han documentado casos y presentado denuncias judiciales desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023 y hasta Diciembre de 2025.

1. Pacientes Oncológicos y la DADSE

Uno de los puntos más críticos ha sido la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), organismo encargado de entregar medicamentos de alto costo a personas sin cobertura social.

Cifras reportadas: La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y organizaciones como ALAPA (Alianza Argentina de Pacientes) han denunciado al menos 460 fallecimientos de pacientes con cáncer y enfermedades raras vinculados directamente a la suspensión o demora en la entrega de fármacos durante 2024 y 2025.

Contexto: El gobierno intervino la DADSE al inicio de la gestión alegando auditorías por irregularidades, lo que paralizó la entrega de medicación por varios meses. Aunque luego se trasladó al Ministerio de Salud, las demoras persistieron.

2. Crisis Sanitaria por Fentanilo Contaminado (2025)

Durante el año 2025, se reportó una de las tragedias sanitarias más graves del periodo.

Fallecidos: Se estima que hubo entre 197 y 273 muertes (según diferentes etapas de la investigación judicial) debido al uso de fentanilo clínico contaminado distribuido por laboratorios privados.

Denuncia: Gremios de salud y sectores de la oposición calificaron el hecho como una "falla del Estado" en su rol de fiscalización y control (ANMAT), relacionándolo con el desfinanciamiento de los organismos de control.

3. Impacto en la Atención Primaria y Medicamentos Generales

El deterioro de la atención primaria y el acceso a medicamentos básicos también ha mostrado indicadores preocupantes.

Tuberculosis: Se registró un aumento de diagnósticos, pasando de 13,000 en 2023 a más de 15,000 en 2024, atribuido a la falta de prevención y subejecución de programas de enfermedades transmisibles.

Jubilados: Informes del CEPA y gremios farmacéuticos indicaron que la liberación de precios y los recortes en la cobertura de PAMI llevaron a que aproximadamente un 15% de los jubilados discontinuara algún tratamiento crónico.

Presupuesto: Durante 2024, el Ministerio de Salud tuvo una subejecución presupuestaria cercana al 45% en áreas críticas como el Instituto Nacional del Cáncer y programas de salud comunitaria.

Sobre estos tres apartados no hay datos oficiales de ninguna asociación u organización, pero se estima entornos a unos 2500 afectados, directa e indirectamente por las secuelas de la tuberculosis.

4. Acciones Judiciales y el término "Mistanasia"

Las asociaciones de pacientes han acuñado el término "mistanasia" (muerte por abandono indigno o por omisión de asistencia del Estado) para describir estos casos. Se han presentado múltiples recursos de amparo colectivos ante la Justicia Federal exigiendo que el Estado garantice el derecho constitucional a la salud. Estaríamos hablando de casi 20 mil personas bajo el Gobierno de Javier Milei. La "libertad del neoliberalismo" comienza a dejar una enorme huella en la población argentina.

El Gobierno de Milei acumula más deuda que los otros nueve de la lista del FMI

A día de hoy, Argentina sigue siendo, con una diferencia abismal, el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según los datos más recientes de enero de 2026, la deuda acumulada por este país representa casi una tercera parte de todo el crédito pendiente del organismo a nivel global. El sistema es el mismo que utiliza Díaz Ayuso en Madrid; privatizar servicios y regalar el país para el beneficio de unos pocos. La Internacional Liberal Fascista.

A continuación, se detallan los 10 países con mayor deuda (crédito pendiente de pago) expresada en DEG (Derechos Especiales de Giro, la unidad de cuenta del FMI) y su equivalente aproximado en dólares:

El desastre argentino de Milei es un aviso para España: nuevos apagones masivos en todo el país

Nuevo corte general de luz en Argentina, la tierra del lacayo de Donald Trump; Javier Milei. El desastre es ya de tal magnitud que el país latinoamericano va a tardar décadas en recomponerse de todas las privatizaciones y ventas a EE.UU..

EE.UU. es el estado terrorista más grande del mundo: Ha participado en el 97% de los conflictos mundiales

Estados Unidos ha participado en una gran cantidad de conflictos armados a lo largo de su historia, desde su independencia hasta la actualidad. Su participación ha sido tanto directa, con el despliegue de sus propias fuerzas, como indirecta, a través del apoyo a otras naciones o facciones. A continuación, se presenta un resumen de las guerras más significativas en las que ha estado involucrado EE.UU.

Guerras de Independencia y Expansión (Siglos XVIII y XIX)

La Guerra de la Independencia de EE.UU. (1775-1783) fue el conflicto fundamental que dio origen al país. Las Trece Colonias se unieron para luchar contra el Imperio Británico por su soberanía. Tras lograr su independencia, EE.UU. se vio inmerso en una serie de conflictos para consolidar y expandir su territorio.

Guerra de 1812 (1812-1815): Enfrentó nuevamente a EE.UU. con Gran Bretaña. A pesar de que la guerra terminó en un punto muerto, reforzó el sentido de identidad nacional de EE.UU.

Guerras de Seminole (1816-1858): Una serie de conflictos contra la tribu indígena Seminole en Florida. Estas guerras son un ejemplo de la política de expansión territorial de EE.UU. a expensas de las poblaciones nativas.

Guerra México-Estadounidense (1846-1848): Condujo a la anexión de vastos territorios mexicanos, incluyendo lo que hoy son California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Guerra Civil Americana (1861-1865): La guerra más mortífera de la historia de EE.UU. Enfrentó a los estados del norte (Unión) contra los estados del sur (Confederación) por cuestiones de esclavitud y derechos de los estados.

Guerras Mundiales y la Guerra Fría (Siglo XX)

A principios del siglo XX, EE.UU. se consolidó como una potencia global, lo que lo llevó a participar en conflictos de escala mundial.

Guerra Hispano-Estadounidense (1898): Un conflicto breve que resultó en la toma de control estadounidense de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas.

Primera Guerra Mundial (1917-1918): EE.UU. se mantuvo neutral al principio, pero entró en la guerra en 1917 del lado de los Aliados. Su participación fue crucial para inclinar la balanza a su favor.

Segunda Guerra Mundial (1941-1945): Después del ataque a Pearl Harbor, EE.UU. se unió a los Aliados y desempeñó un papel fundamental en la derrota de las potencias del Eje.

Guerra de Corea (1950-1953): Un conflicto por poderes durante la Guerra Fría. EE.UU. lideró una coalición de la ONU para defender a Corea del Sur de la invasión de Corea del Norte, que contaba con el apoyo de la URSS y China.

Guerra de Vietnam (1955-1975): Un conflicto prolongado y controvertido. EE.UU. intervino para evitar que Vietnam del Sur cayera bajo el control de Vietnam del Norte, que era comunista. La guerra terminó con la retirada de las tropas estadounidenses y la unificación de Vietnam bajo un gobierno comunista.

Invasión de Granada (1983) y Panamá (1989): Intervenciones directas para derrocar gobiernos que EE.UU. consideraba hostiles a sus intereses.

Conflictos del Siglo XXI

Tras el fin de la Guerra Fría y los ataques del 11 de septiembre, la política exterior de EE.UU. se centró en la lucha contra el terrorismo y la defensa de sus intereses en Oriente Medio.

Guerra del Golfo (1990-1991): Una coalición liderada por EE.UU. expulsó a las fuerzas iraquíes de Kuwait, tras la invasión de este país por parte de Irak.

Guerra de Afganistán (2001-2021): Comenzó como una respuesta a los ataques del 11 de septiembre. El objetivo inicial fue derrocar a los talibanes y destruir la red terrorista de Al-Qaeda. Se convirtió en la guerra más larga en la historia de EE.UU.

Guerra de Irak (2003-2011): La invasión de Irak fue una decisión controversial basada en la creencia de que el país poseía armas de destrucción masiva, las cuales nunca fueron encontradas.

Intervenciones Indirectas y Apoyos: EE.UU. ha estado involucrado indirectamente en numerosos conflictos, incluyendo la guerra civil siria, donde ha proporcionado armas y entrenamiento a grupos de oposición. También ha apoyado a Israel en sus conflictos con sus vecinos, y a Ucrania en su guerra contra Rusia, a través de la ayuda militar.

La historia de las guerras de EE.UU. muestra un país que ha pasado de ser una joven nación luchando por su independencia a una superpotencia con una presencia militar global. Sus conflictos han sido impulsados por una variedad de factores disfrazados, incluyendo la expansión territorial, la defensa de sus intereses económicos, la ideología, y más recientemente, la lucha contra el terrorismo. Es el Estado terrorista más grande del mundo.

El "amigo de Ayuso" roba el dinero de discapacitados mientras les niega su pensión

La política argentina se ve sacudida por un grave escándalo de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el gobierno de Javier Milei y su hermana, Karina Milei. Lo que comenzó como una investigación periodística a partir de la filtración de audios se ha convertido en una causa judicial que avanza rápidamente y pone en jaque la credibilidad del oficialismo.

El corazón de este escándalo son una serie de grabaciones en las que se escucha a funcionarios de la ANDIS discutiendo un presunto esquema de sobornos. En los audios, se habla de un "retorno" o "coima" del 3% que se le exigiría a laboratorios y farmacéuticas a cambio de la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad. Lo más grave es que en esas conversaciones se menciona directamente a Karina Milei, sugiriendo que este porcentaje de dinero iría supuestamente a ella.

La difusión de estos audios no solo ha revelado un posible caso de corrupción, sino que ha expuesto la vulnerabilidad de un sector de la población que depende de la asistencia estatal para recibir tratamientos médicos vitales. La indignación pública ha sido masiva, con múltiples voces exigiendo una investigación a fondo y castigo para los responsables.

El gobierno de Javier Milei ha reaccionado de manera contundente, pero su estrategia ha generado aún más controversia. En lugar de limitarse a condenar los hechos, el presidente ha optado por acusar a los periodistas que difundieron los audios de ser parte de una "operación de espionaje ilegal" orquestada por la oposición.

La respuesta oficial no se detuvo ahí. El gobierno, a través de la Justicia, solicitó una orden de prohibición para la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada. Aunque esta medida no incluye las grabaciones específicas sobre el caso de la ANDIS, ha sido duramente criticada como un acto de censura previa y un ataque a la libertad de prensa. La situación se tensó aún más cuando se supo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó allanamientos a medios de comunicación y periodistas, elevando las alarmas sobre la libertad de expresión en el país.

El presidente Javier Milei ha defendido enérgicamente a su hermana, calificando las denuncias como "una mentira" y reafirmando su postura de que se trata de una campaña en su contra. Sin embargo, la justicia argentina ha tomado cartas en el asunto, iniciando una investigación formal que ha llevado a allanamientos y a la prohibición de salir del país a varios de los implicados.

La profesora detenida de 22 años por enviar fotos obscenas a un menor de 14 ¿Igualdad real?

Anamaria E. Milazzo, de 22 años, fue arrestada en el estado de Nueva York por presuntamente enviar fotos explícitas de sí misma a un menor de 14 años. La detención se produjo después de una investigación que reveló que Milazzo habría compartido material indecente con el joven durante un período de tres meses. Los cargos que se le imputan son "Difusión de Material Indecente a Menores en Segundo Grado", que es un delito grave de clase E, y "Poner en Peligro el Bienestar de un Niño", un delito menor de clase A.

Se ha informado que Anamaria Milazzo fue empleada anteriormente en el Greater Southern Tier Board of Cooperative Educational Services (GST BOCES), una institución que brinda servicios y apoyo educativo a estudiantes y distritos escolares. Sin embargo, WETM 18 News indicó que la mujer fue despedida de su puesto.

Tras su arresto, Milazzo fue puesta en libertad bajo la ley de Nueva York que prohíbe las fianzas en efectivo, por lo que no pasó tiempo en la cárcel. Se le emitió una orden de comparecencia ante el tribunal de Wellsburg en una fecha posterior.

Cabe destacar que la información disponible no especifica la asignatura o el rol exacto de Milazzo como "profesora" dentro de la institución educativa, solo que era una "empleada escolar".. en fin.

En el universo de la ficción, donde las líneas de la realidad se difuminan, imaginemos una historia donde los roles de Anamaria E. Milazzo y el menor se invierten. ¿Qué hubiera ocurrido si el acosador fuera un profesor de 22 años y la víctima una alumna de 14? La narrativa, sin duda, tomaría un rumbo mucho más sombrío y las repercusiones serían drásticamente diferentes.

Desde el momento en que se descubriera el intercambio de fotografías obscenas, la indignación pública se elevaría a cotas mucho mayores. La sociedad se mostraría mucho más implacable ante un hombre adulto en posición de autoridad que abusa de la confianza de una menor. La figura del depredador sexual se perfilara con una nitidez escalofriante. 

¿El profesor o, empleado escolar, estaría en libertad sin fianza? Las medidas cautelares en este escenario ficticio serían inmediatas y contundentes, reflejando la gravedad percibida del delito: Detención sin fianza. A diferencia del caso original, la posibilidad de que el profesor de 22 años quedara en libertad sin fianza sería mínima, por darle un margen de error. La naturaleza del delito, sumada a la percepción de peligro hacia la menor y la sociedad, justificaría una detención preventiva.

Aislamiento social y profesional: El profesor sería inmediatamente despedido de su puesto, y su carrera profesional quedaría truncada para siempre. Además, la condena social sería abrumadora, con el repudio generalizado de la comunidad educativa, padres de familia y el público en general.

Investigación exhaustiva: Las autoridades no escatimarían recursos en la investigación. Se examinarían a fondo los dispositivos electrónicos del profesor, se entrevistarían a otros alumnos y personal del centro educativo para descartar la existencia de otras víctimas, y se buscaría cualquier indicio que pudiera revelar un patrón de conducta.

Protección a la víctima: La menor de 14 años recibiría un apoyo psicológico y legal integral. Se tomarían medidas para asegurar su privacidad y evitar cualquier tipo de revictimización por parte de los medios o la opinión pública. La prioridad sería su bienestar emocional y su seguridad.

Mayor escrutinio mediático: Los medios de comunicación abordarían el caso con una intensidad mucho mayor, enfocándose en la vulnerabilidad de la víctima y la depravación del agresor. El debate público se centraría en la protección de la infancia y la necesidad de leyes más estrictas contra el abuso.

La inversión de roles revela una doble moral arraigada en la sociedad. Mientras que el caso de una mujer joven involucrada con un menor genera controversia y debate, el escenario de un hombre adulto en una posición de poder abusando de una menor evoca una respuesta mucho más unánime y severa, reflejando la profunda preocupación por la protección de la infancia y la condena de la pedofilia.

La pregunta que asoma es clara ¿Esta es la igualdad real que se persigue?

Caen las subidas de las pensiones con la alianza PP, VOX y Puigdemont

El 22 de enero de 2025 marcó un día histórico en la política española, cuando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sufrió una derrota contundente en el Congreso de los Diputados. En un giro inesperado de los acontecimientos, el bloque formado por el Partido Popular (PP), VOX y el grupo de los independentistas de Junts, liderados por Carles Puigdemont, se alió para bloquear dos medidas clave del gobierno de Pedro Sánchez: las ayudas al transporte y la subida de las pensiones. Esta situación pone de manifiesto no solo la fragilidad política del ejecutivo de coalición, sino también la complejidad del escenario parlamentario español, donde las alianzas entre formaciones ideológicamente divergentes son cada vez más comunes y determinantes para la estabilidad del Gobierno.

La jornada parlamentaria de ayer comenzó con gran expectación, ya que el Gobierno esperaba aprobar varias reformas importantes que implicaban un alto coste político y económico. En primer lugar, las ayudas al transporte público, que forman parte de un paquete de medidas para aliviar la carga económica de los ciudadanos, especialmente en un momento de inflación elevada. Estas ayudas estaban dirigidas tanto a los usuarios de transportes urbanos como interurbanos, con el fin de fomentar la movilidad sostenible y ofrecer un alivio a los bolsillos de los ciudadanos en un contexto de creciente preocupación por el costo de la vida.

El segundo elemento clave de la votación era la subida de las pensiones. Esta medida, enmarcada en la política de bienestar social del gobierno, tenía como objetivo asegurar que las pensiones más bajas se ajustaran a la inflación, un compromiso electoral que el PSOE había mantenido durante su mandato. La reforma propuesta preveía una subida generalizada que beneficiaría a millones de pensionistas en todo el país, siendo una de las medidas de mayor impacto social del gobierno de Sánchez.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, en la votación, ambas iniciativas fueron rechazadas por una mayoría parlamentaria que incluyó a los diputados del PP, VOX y Junts, el partido que lidera Carles Puigdemont, junto con otros grupos menores. Esta coalición, formada por fuerzas políticas con profundas diferencias ideológicas y políticas, resultó ser la clave para el revés sufrido por el Gobierno.

Este nuevo escenario político, caracterizado por alianzas circunstanciales entre partidos de derecha y grupos separatistas, marca un antes y un después en la política española. Aunque las alianzas de este tipo no son inéditas en el Congreso, lo ocurrido el 22 de enero subraya la polarización creciente que afecta al sistema político español, en el que las dinámicas de negociación y consenso se ven cada vez más condicionadas por la lucha por la hegemonía entre bloques ideológicos muy distantes.

La capacidad del PSOE para recuperar el impulso legislativo tras esta derrota dependerá en gran medida de su habilidad para negociar con otras formaciones políticas y de la capacidad de Pedro Sánchez para reconstruir un frente común con sus aliados tradicionales. De hecho, el fracaso de la votación ha puesto en marcha una serie de especulaciones sobre posibles cambios en la estrategia política del Gobierno, tanto en el ámbito interno como en la relación con otros partidos.

Por otro lado, la derrota también refuerza la posición del PP y VOX como los principales adversarios políticos del Gobierno, mientras que Junts se posiciona como un actor clave en la política catalana y española. La manipulación de los temas sociales y económicos será, sin duda, una estrategia importante para estos partidos en los próximos meses, mientras continúan presionando para obtener concesiones del Ejecutivo.

¿Ya no se rompe España? ¿Puigdemont pasa de ese malvado separatista-golpista a un político válido para los intereses de Núñez Feijóo y Santi Abascal?

El PP siempre ha estado en contra de los derechos sociales: Divorcio, Aborto y Matrimonio Igualitario

España ha experimentado transformaciones significativas en su legislación social desde la transición democrática. Cuatro leyes clave han marcado hitos en este proceso: la Ley del Divorcio de 1981, la primera Ley del Aborto de 1985, la segunda Ley del Aborto de 2010 y la Ley del Matrimonio entre personas del mismo sexo de 2005. Este artículo explora las fechas, el contenido y las posturas del Partido Popular (anteriormente Alianza Popular) en cada uno de estos hitos legislativos.

Ley del Divorcio de 1981

Fecha y Contenido

La Ley del Divorcio (Ley 30/1981) fue aprobada el 7 de julio de 1981 y entró en vigor el 9 de agosto del mismo año. Esta ley permitía el divorcio por primera vez en España desde la Segunda República. Establecía un período de separación previo de al menos dos años antes de poder solicitar el divorcio y la necesidad de alegar una causa específica.

Votación y Posición del Partido Popular

En el momento de la aprobación de la Ley del Divorcio, Alianza Popular (precursor del Partido Popular) liderada por Manuel Fraga se opuso vehementemente a la ley. Argumentaron que esta legislación erosionaba los valores tradicionales y la estructura familiar. En la votación en el Congreso de los Diputados, Alianza Popular votó en contra.

Primera Ley del Aborto de 1985

Fecha y Contenido

La Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985, despenalizó el aborto en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, violación (dentro de las primeras 12 semanas) y malformaciones del feto (dentro de las primeras 22 semanas). Esta ley representó un avance significativo en los derechos reproductivos de las mujeres en España.

Votación y Posición del Partido Popular

Alianza Popular, que para entonces seguía liderada por Manuel Fraga, se opuso a la ley de manera categórica, al considerar que violaba el derecho a la vida del no nacido. En la votación parlamentaria, los diputados de Alianza Popular votaron en contra.

Ley del Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo de 2005

Fecha y Contenido

La Ley 13/2005, aprobada el 30 de junio de 2005, permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en España. Esta ley no solo reconoció el derecho al matrimonio para parejas homosexuales, sino que también les otorgó los mismos derechos y deberes que a las parejas heterosexuales, incluyendo la adopción.

Votación y Posición del Partido Popular

El Partido Popular, dirigido por Mariano Rajoy en ese momento, se opuso enérgicamente a esta ley. Argumentaron que el matrimonio debía ser una institución exclusivamente entre un hombre y una mujer. En la votación parlamentaria, los diputados del Partido Popular votaron en contra de la ley.

Segunda Ley del Aborto de 2010

Fecha y Contenido

La Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, fue aprobada el 24 de febrero de 2010. Esta ley amplió significativamente el acceso al aborto, permitiéndolo libremente dentro de las primeras 14 semanas de gestación y hasta las 22 semanas en casos de grave riesgo para la salud de la mujer o graves anomalías en el feto.

Votación y Posición del Partido Popular

El Partido Popular, bajo la dirección de Mariano Rajoy, se opuso a la ley de 2010. Argumentaron que la nueva legislación era demasiado permisiva y no ofrecía suficiente protección al feto. Durante la votación en el Congreso de los Diputados, los diputados del Partido Popular votaron en contra de la ley.

A lo largo de las últimas décadas, España ha avanzado considerablemente en términos de derechos sociales y civiles, como lo demuestran la Ley del Divorcio de 1981, las Leyes del Aborto de 1985 y 2010, y la Ley del Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo de 2005. En cada uno de estos hitos legislativos, el Partido Popular (y su precursor Alianza Popular) se opuso mayoritariamente, defendiendo posiciones conservadoras en temas sociales, echando a la gente a la calle y llevando cada una de ellas al Tribunal Constitucional. A pesar de esta oposición, las leyes fueron aprobadas y han contribuido a conformar una España más igualitaria y respetuosa de los derechos individuales.

La España del siglo XXI o cómo entender el funcionamiento de la política actual

Vamos a extrapolar la historia reciente de España a otro lugar para comprender mejor lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá si no se le pone remedio. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Imaginemos que estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, en Alemania. Después de todas las atrocidades cometidas por los nazis, realizan una amnistía para que todo quede en nada. Borrón y cuenta nueva. Todos los asesinatos, los crematorios, campos de concentración, apropiación de la propiedad ajena mediante denuncias de dudosa veracidad, no se investigarán ni se repararán de ninguna manera. No contento con ello, en esta nueva etapa no hay ningún tipo de criba. Los empresarios que se enriquecieron con el régimen y la sangre de millones de inocentes continúan con su actividad, los jueces siguen siendo nazis, la policía sigue siendo nazi, el ejército sigue siendo nazi, los medios de comunicación más importantes y con mayor difusión siguen siendo nazis, los maestros y maestras siguen siendo nazis. Básicamente las instituciones no varían ni un ápice del régimen anterior. Ello supone que la historia, la que aprenderán las futuras generaciones, la van a contar los nazis. Se permitirán todo tipo de relatos bajo el tecnicismo "escuela concertada, semiprivada o privada", tales como que Hitler fue un héroe o que los millones de judíos asesinados solo fueron en realidad unas pocas decenas y la mayoría fallecieron de gripe. Se justificará todo los aterradores actos acontecidos en el pasado bajo un cuento para críos sobre que algo peor hubiera llegado o que realmente se hizo lo que se hizo por nuestro bien. La desmemoria llegará hasta tal punto de que se permitirá la creación de la Fundación Adolf Hitler, por si las escuelas de "alemanes de bien" no fueran suficientes. Monumentos, calles, bustos en honor de nazis continuarán en su lugar para conmemorar la Historia. Por si no fuera suficiente, siete generales nazis fundan un partido: El Partido Popular Nazi. Y con las tres patas necesarias para arrasar en esas "elecciones democráticas", la mediática, la judicial y la política, todo engrasado con "donaciones" de empresarios nazis que contribuirán a la causa con la premisa de que se les dará de vuelta multiplicado por diez a cargo del contribuyente.

¿Sería como mucho un guion para un telefilme? ¿Una comedia de gags?

El error de todo esto es no aprovechar la oportunidad, el Partido Socialista siempre andando de puntillas, mirando hacia la derecha, esperando una aprobación que no va a llegar. La única España que entienden es en la que ellos mandan, la reflexión debería comenzar por quitar esa aura intocable que tienen jueces y periodistas. El Partido Popular lo sabe y se ha comprado uno y otro. Hay más de una veintena de medios privados financiados directamente por ellos desde las comunidades donde gobiernan. El CGPJ, por primera vez en la historia, ha sacado un comunicado posicionándose en contra de una Ley que no había visto la luz. Eso es prevaricación, corrupción judicial. No hay que pedir permiso, hay que cambiar la mayoría necesaria, renovar la Justicia de arriba a abajo y crear una Ley de Comunicación que haga responsables a los periodistas que publican noticias y a los que la difunden sin miramientos para evitar los "Eduardo, esto es muy burdo, pero voy con ello". Sería un comienzo para limpiar la podredumbre de este país y volver a tener un mínimo de dignidad.

Así desvió Díaz Ayuso 707 millones de dinero público al grupo Quirón: principal benefactor de su actual pareja

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha estado en el centro de la controversia debido a su manejo de los pagos al Hospital Quirón, uno de los principales beneficiarios de la privatización sanitaria en la región. Ayuso utilizó una fórmula “excepcional” para abonar 707 millones de euros al hospital entre los años 2020 y 2023.

La “Convalidación de Gasto”

La fórmula en cuestión se conoce como “convalidación de gasto”. Esta práctica implica el pago de servicios imprevistos sin fiscalización previa. En otras palabras, permite abonar facturas por servicios que no han seguido las reglas legales de contratación, como la fiscalización previa del gasto. Aunque legal, se considera un procedimiento excepcional y debe utilizarse en casos urgentes que impiden seguir el procedimiento ordinario.

En el caso específico del Hospital Quirón, la Fundación Jiménez Díaz (propiedad del grupo Quirón) fue el principal receptor de estos pagos excepcionales. Durante el cuatrienio entre 2020 y 2023, la Comunidad de Madrid aprobó 31 convalidaciones de gasto por un total de 707 millones de euros. Estas convalidaciones se sumaron al presupuesto ya asignado en las cuentas regionales.

El Impacto y las Preguntas Pendientes

El uso frecuente de esta fórmula ha generado preguntas y preocupaciones. Algunos puntos clave son:

Beneficiario Principal: El Hospital Quirón, especialmente la Fundación Jiménez Díaz, ha sido el principal beneficiario de esta estrategia. El coste para las arcas públicas es asombroso.

Excepcionalidad: Aunque legal, la convalidación de gasto debe considerarse excepcional. La jurisprudencia establece que debe aplicarse solo en casos puntuales y no como un modo habitual de actuación.

Transparencia: La falta de fiscalización previa plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos.

Conexiones Profesionales: La conexión profesional entre el novio de Ayuso, Alberto González, y Quirón también ha sido objeto de escrutinio. Su empresa ha percibido ingresos facturados a una filial de Quirón1.

En resumen, el uso de esta fórmula “excepcional” ha generado debates sobre la gestión de fondos públicos y sus implicaciones para la sanidad pública madrileña. La comunidad sigue buscando respuestas y claridad en este complejo laberinto de pagos y conexiones.

Miguel Ángel Rodríguez reconoce que filtró el bulo del asalto a la casa de Ayuso

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha reconocido que este martes difundió el bulo de que "periodistas encapuchados" de elDiario.es intentaron asaltar la casa de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Rodríguez difundió esta información entre varios medios de comunicación, pero finalmente ha admitido en declaraciones a El País que fue él quien lo filtró. No obstante, el jefe de gabinete del Partido Popular de la capital ha asegurado que el envío del bulo y las identidades a distintos medios de comunicación lo hizo a título "personal" y no en nombre del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Según sus palabras, "es una conversación personal. No es una cuenta de la comunidad".

El mensaje que remitió Rodríguez y que finalmente ha admitido que fue un bulo fue el siguiente: "Empleados de eldiario encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia" . Por su parte, El País ha explicado que en el mensaje difundido es que varios de sus periodistas "han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluidas niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones. No quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía".

En resumen, este episodio pone de manifiesto la importancia de verificar la información antes de difundirla y la responsabilidad que recae sobre quienes ocupan cargos públicos al comunicar a través de medios de comunicación ¿Dimitirá el mamporrero e ideólogo de Díaz Ayuso?

La sociedad panameña del novio de Ayuso gestiona los chequeos médicos de la Comunidad de Madrid

En los entresijos de la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid, se esconde una historia que combina negocios, relaciones personales y contratos millonarios. El protagonista: Fernando Camino, cofundador de una sociedad panameña y actual presidente de Quirón Prevención SL. Pero ¿Qué papel desempeña en la salud de los madrileños?

Hace dos décadas, el holding Quirón se benefició enormemente de la privatización de hospitales en Madrid. Sin embargo, su influencia no se limitó a la adquisición de centros médicos. En 2018, Quirón Prevención SL obtuvo el primer contrato para realizar chequeos médicos a la plantilla de la Comunidad de Madrid, compuesta por más de 159,000 empleados. ¿Quién firmó esa adjudicación? Nada menos que Isabel Díaz Ayuso, en ese momento viceconsejera de Presidencia y Justicia, y ahora presidenta de la Comunidad de Madrid.

Aquí entra en escena Alberto González Amador, pareja de Ayuso. González Amador tiene una conexión previa con Camino: ambos compartieron una empresa panameña llamada Insumos Médicos del Pacífico SA. Camino fundó esta empresa en 2013, y González Amador fue apoderado de Fraterprevención, una de las cuatro compañías que se fusionaron en 2018 para dar lugar a Quirón Prevención SL. Curiosamente, esta última empresa se convirtió en la encargada de los reconocimientos médicos en la Comunidad de Madrid.

Los contratos obtenidos por Quirón Prevención SL para los chequeos médicos sumaban 1,321,689 euros según los expedientes correspondientes. Pero las prórrogas sucesivas han duplicado ampliamente esa cifra. En total, se han otorgado ocho prórrogas para los dos contratos, lo que representa un monto considerable.

En el segundo concurso, resuelto en abril de 2021, Quirón Prevención SL no tuvo competidores. Su oferta fue la única presentada al Ejecutivo madrileño. La exclusión de la otra empresa aspirante, Más Prevención Servicio de Prevención SL, se debió a la falta de acreditación de su representante.

Alberto González Amador, hasta días antes de que Hacienda iniciara actuaciones de comprobación en 2022, ocupó el puesto de director secretario de Insumos Médicos del Pacífico. Esta sociedad panameña, donde también figuraba como directivo, es parte fundamental de la trama. La Agencia Tributaria acusa a González Amador de utilizar facturas falsas para desviar beneficios millonarios durante la pandemia.

En resumen, la relación entre el novio de Ayuso, la sociedad panameña y los contratos millonarios para los chequeos médicos en la Comunidad de Madrid plantea interrogantes sobre transparencia y ética. Los madrileños merecen una gestión sanitaria impecable, y esta historia nos recuerda la importancia de la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas en el ámbito público.