La política argentina se ve sacudida por un grave escándalo de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el gobierno de Javier Milei y su hermana, Karina Milei. Lo que comenzó como una investigación periodística a partir de la filtración de audios se ha convertido en una causa judicial que avanza rápidamente y pone en jaque la credibilidad del oficialismo.
El corazón de este escándalo son una serie de grabaciones en las que se escucha a funcionarios de la ANDIS discutiendo un presunto esquema de sobornos. En los audios, se habla de un "retorno" o "coima" del 3% que se le exigiría a laboratorios y farmacéuticas a cambio de la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad. Lo más grave es que en esas conversaciones se menciona directamente a Karina Milei, sugiriendo que este porcentaje de dinero iría supuestamente a ella.
La difusión de estos audios no solo ha revelado un posible caso de corrupción, sino que ha expuesto la vulnerabilidad de un sector de la población que depende de la asistencia estatal para recibir tratamientos médicos vitales. La indignación pública ha sido masiva, con múltiples voces exigiendo una investigación a fondo y castigo para los responsables.
El gobierno de Javier Milei ha reaccionado de manera contundente, pero su estrategia ha generado aún más controversia. En lugar de limitarse a condenar los hechos, el presidente ha optado por acusar a los periodistas que difundieron los audios de ser parte de una "operación de espionaje ilegal" orquestada por la oposición.
La respuesta oficial no se detuvo ahí. El gobierno, a través de la Justicia, solicitó una orden de prohibición para la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada. Aunque esta medida no incluye las grabaciones específicas sobre el caso de la ANDIS, ha sido duramente criticada como un acto de censura previa y un ataque a la libertad de prensa. La situación se tensó aún más cuando se supo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó allanamientos a medios de comunicación y periodistas, elevando las alarmas sobre la libertad de expresión en el país.
El presidente Javier Milei ha defendido enérgicamente a su hermana, calificando las denuncias como "una mentira" y reafirmando su postura de que se trata de una campaña en su contra. Sin embargo, la justicia argentina ha tomado cartas en el asunto, iniciando una investigación formal que ha llevado a allanamientos y a la prohibición de salir del país a varios de los implicados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario