La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de varias investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea por su presunta implicación en la compra de mascarillas con fondos públicos que beneficiaron a su hermano Tomás Díaz Ayuso. Ambas fiscalías han archivado las pesquisas al no encontrar indicios suficientes de delito en la adjudicación del contrato de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive, con la que colaboraba el hermano de la presidenta.
Estas prácticas podrían constituir una forma de compra de votos en diferido, ya que buscan influir en la opinión pública y generar una imagen positiva de Díaz Ayuso y su partido, el PP. Además, suponen un desvío de recursos públicos que deberían destinarse a fines sociales o sanitarios, especialmente en un contexto de crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
En este sentido, cabe preguntarse si Díaz Ayuso está actuando con transparencia y responsabilidad al frente de la Comunidad de Madrid, o si por el contrario está utilizando el poder para beneficiar a sus allegados y a sus intereses partidistas. También sería conveniente que el Gobierno central y los organismos competentes fiscalizaran el uso que se hace de los fondos públicos en las comunidades autónomas y garantizaran el cumplimiento de los principios de igualdad, pluralidad y veracidad informativa.
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