La publicación del contenido íntegro de las cartas que en plena primera ola de la pandemia mandó el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, a su homólogo en Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, vuelven a poner el foco en la nefasta gestión sanitaria de la crisis del coronavirus en las residencias por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La oposición no ha tardado en pedir explicaciones al Gobierno madrileño, que ha preferido escurrir el bulto instalándose en el mutismo y limitándose a asegurar que siempre actuó siguiendo los "criterios de los profesionales". Algo que no ven del todo claro desde el Ministerio de Derechos Sociales, desde donde señalan que "todo parece indicar" que hubo mala praxis por parte de la Comunidad de Madrid en su actuación para hacer frente al primer zarpazo del coronavirus en los geriátricos de la región. Pero vayamos por partes.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, compareció ayer lunes desde el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Sin embargo, en los minutos que duró su discurso sin preguntas ante las cámaras no hubo una sola mención a las cartas de su exconsejero. Habló del milagro Ifema, de las bondades del centro de Valdebebas y, por supuesto, cargó contra el Gobierno central, ni una sola palabra de las comunicaciones entre Reyero y el titular de Sanidad. "En el Gobierno madrileño tenemos la absoluta tranquilidad de que se actuó como se tenía que haber actuado", dijo López, quien resaltó que las derivaciones de los residentes en los centros socio-sanitarios se hacían "con criterios recomendados por los geriatras, siempre y en todo lugar se actuó conforme a las circunstancias de cada momento, con los recursos dispuestos en cada momento, y siempre siguiendo los criterios de los profesionales", apuntó el consejero de Justicia.
En las tres semanas críticas de la pandemia, entre el 22 de marzo y el 10 de abril, murieron 5.343 ancianos en el propio geriátrico sin ser trasladados a un hospital y en la inmensa mayoría de los casos sin recibir tampoco atención médica en el centro donde vivían. Dicha cantidad de fallecidos supone el 84% del total en ese periódo, una auténtica barbarie ejecutada por una psociópata sin escrúpulos. No hablamos de una simple "mala praxis" como recogen algunos medios o en boca de algunos de sus protagonistas políticos. No atender a personas vulnerables, de centros antes públicos y ahora privatizados gestionados por fondos buitres opacos, abandonados a su suerte, conviviendo muertos con vivos y agonizantes es una auténtica salvajada que debería acabar con todos ellos pudriéndose en la cárcel. Por si fuera poco, tienen la poca vergüenza de escurrir el bulto o culpar al último en llegar para no tener que dar la cara. Un esperpento propio de un país de banderita y pandereta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario