El Poder Judicial secuestrado por el PP se queda sin argumentos contra Unidas Podemos

Podemos sí entregó al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, justificantes de los impuestos municipales abonados por las obras en su nueva sede. Según la documentación de la causa la representación legal del partido, que está imputado como persona jurídica en la causa que investiga los contratos que suscribió con la consultora Neurona para servicios de campaña electoral, remitió al magistrado los documentos el pasado 28 de diciembre, tanto la liquidación inicial antes de iniciar la remodelación como la complementaria teniendo en cuenta el coste final de los trabajos.

Los justificantes se entregaron al juzgado más de dos semanas antes de que el instructor diera traslado del auto en el que archivaba la línea de investigación relativa a la licitación y ejecución de las obras de la nueva sede en Madrid. En ese auto, que se conoció el miércoles, Escalonilla afirmaba que había requerido "en dos ocasiones a Podemos a los efectos de que presentara la documentación acreditativa de la regularización del pago de dicho impuesto sin que hasta la presente fecha se haya presentado el documento acreditativo de la liquidación final del importe conforme al valor real de las obras". También ordenaba dar traslado al Ayuntamiento de Madrid "por si procediera realizar una liquidación final conforme al valor real" de la reforma.

Pero el magistrado ya tenía encima de su mesa esta semana los justificantes del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) porque Podemos se lo había hecho llegar el 28 de diciembre. En el documento correspondiente al abono al Ayuntamiento como pago inicial, de fecha 10 de enero de 2019, consta la cantidad de 25.228,40 euros, esto es, un 4% de los 630.710 euros de presupuestado en el proyecto inicial por el arquitecto contratado. Es una autoliquidación provisional, puesto que en aquel momento las obras no se habían iniciado, por lo que cuando se finalizaran se debía presentar la declaración impositiva por el coste real y efectivo de la reforma.

En definitiva, el Poder Judicial secuestrado por el Partido Popular se queda sin argumentos jurídicos para continuar con todo este circo montado desde cierto sectores mediáticos (casi el 80%) para ocultar su propia corrupción y desgastar a una parte del Gobierno actual.