En los últimos años, España ha sido testigo de una serie de casos de corrupción política que han sacudido los cimientos del Partido Popular (PP). Sin embargo, más allá de los escándalos y las investigaciones en curso, ha surgido un patrón alarmante: varias personas relacionadas con estos casos han fallecido en circunstancias sospechosas justo antes de testificar contra el partido. Estas muertes han generado un profundo escepticismo y suscitan preguntas sobre la integridad del sistema judicial y la posibilidad de una posible trama de encubrimiento. En este artículo, exploraremos algunos de los casos más prominentes y las preocupaciones que han surgido a raíz de ellos.
Uno de los casos más conocidos es el del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Bárcenas se convirtió en el epicentro de un gran escándalo de corrupción que involucraba financiamiento ilegal del partido y la existencia de una caja B. Antes de que pudiera declarar ante los tribunales, su conductor, Sergio Ríos, sufrió un extraño accidente automovilístico que le dejó en coma. Poco después, el propio Bárcenas fue ingresado en el hospital debido a una grave lesión en la cabeza causada por una caída fortuita mientras paseaba por la calle. Estas circunstancias levantaron sospechas considerables sobre la veracidad de los hechos. Cabe recordad el secuestro de su familia tiempo después por un supuesto cura, financiado todo ello por el Ministerio del Interior durante el Gobierno de M. Rajoy. Bárcenas a día de hoy sigue vivo.
Ignacio González (el empresario)
González ingresó en el centro penitenciario en abril de 2019 para cumplir los 5 años de internamiento a los que había sido condenado, junto al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de CC Miguel Zerolo, el empresario Antonio Plasencia y el exgerente de Urbanismo de la capital tinerfeña Miguel Parejo. Unos días antes de declarar contra el PP, González fue encontrado muerto en su celda de prisión. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio, pero muchos cuestionaron esta versión debido a las inconsistencias en la investigación y la falta de transparencia en el caso.
Rafael Naranjo
Rafael Naranjo, antiguo presidente de Sufi, empresa que mantuvo entre 2001 y 2007 una estrecha vinculación con los Ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León.
Naranjo reconoció ante el juez Pedreira que pagó un millón de euros a una "tercera persona" por la adjudicación del servicio de limpieza del distrito madrileño de Moratalaz, una adjudicación con la que obtendría 48 millones de euros en 10 años y admitió haber efectuado ese pago desde una cuenta personal que tenía en Suiza a otra ubicada en ese mismo país. Cuando se produjeron los hechos, en 2002, Alberto López Viejo ocupaba la concejalía de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. Murió el 12 de septiembre de 2019 en extrañas circunstancias días antes de declarar después de pedir voluntariamente audiencia ante el juez.
Miguel Blesa
El expresidente de Caja Madrid, que se "suicidió" en su localidad natal (Linares, Jaén), tenía una condena en firme por las tarjetas black de seis años aunque se encontraba en libertad sin fianza ya que el juez así lo quiso por un comportamiento intachable durante el suceso. Blesa había recurrido al Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y se había convertido en el acusado que más pena había sumado de todos los integrantes de la trama de las tarjetas black.
Por otra parte, también tenía una imputación por crédito fallido al Grupo Marsans. Asimismo, también fue condenado por delito societario, apropiación indebida y falsedad documental por la compra fraudulenta del City National Bank de Florida. Tardo menos de 24 horas en pagar los 2,5 millones de euros de fianza.
María José Alcón
Saltó a la fama al ser conocida como la garganta profunda del blanqueo de dinero en el Ayuntamiento de Valencia durante la legislatura de Rita Barberá. La exedil popular estaba imputada en el caso Taula sobre blanqueo de dinero y presunta financiación irregular del partido.
Ella y su marido estaban pasando un fin de semana en su segunda residencia y una mañana Grau, su esposo, salió a pasear con un amigo del pueblo y al regresar a casa se encontró con el cadáver de Alcón, que, según las primeras investigaciones, podría haberse precipitado desde un tercer o cuarto piso.
Rita Barberá
Fue la ‘muerte’ relacionada con la Gürtel más comentada en las últimas fechas. Como se recordará, su fallecimiento por infarto de miocardio se produjo menos de 48 horas después de tener que comparecer ante el Tribunal Supremo para declarar sobre su posible pérdida de aforamiento e imputación en el caso Taula.
Leopoldo Gómez
En Marzo de 2016 moría Leopoldo Gómez, un imputado poco mediático, pero un hombre que conocía al dedillo todo lo que había sucedido en torno a uno de los brazos más productivos de la trama: la ramificación de Pozuelo de Alarcón. Leopoldo Gómez había sido arquitecto municipal de este municipio, el más rico de España, y era conocido como el cobrador de Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, y durante los años de los maletines, alcalde de Pozuelo. Gómez estaba imputado por delitos de prevaricación y cohecho y se había ganado ese ‘sobrenombre’ después de que se supiera, en declaraciones del exalcalde José Amedo, de que se encargaba de cobrar deudas de constructores.
Isidro Cuberos
Más extraña aún resultó la muerte de Isidro Cuberos, que apareció en un barranco entre Mijas y Benalmádena, y donde habría caído con su moto. Imputado por el caso Jerez, Cuberos aparecía como una pieza clave para entender cómo había operado la trama Gürtel en Andalucía. Cuberos tenía mucha influencia en el PP gracias a haber sido durante años el exjefe de comunicación, aunque en realidad era mucho más que eso, de Javier Arenas y también después del PP durante tres años mientras Arenas fue secretario general del partido.
Francisco Yáñez
Conocido como el amigo de todos que sabía todo del dinero. Su muerte, como la de Cuberos, fue también sorpresiva. Clave en los movimientos del dinero producido por la trama, Francisco Yáñez, amigo personal de Luis Bárcenas y de los tesoreros anteriores a él, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, con los que había trabajado durante años, murió pocos días después de ser imputado y cuatro días antes de tener que ir a declarar ante el juez Pablo Ruz. Yáñez, durante años, había trabajado como contable para el PP. Padre del apoderado de las cuentas en Suiza de Bárcenas, Yáñez estaba acusado por el entonces juez de la Audiencia Nacional de haber colaborado "en la ocultación del patrimonio opaco para la Hacienda Pública y de procedencia indiciariamente ilícita de Luis Bárcenas Gutiérrez y Rosalía Iglesias Villar con la finalidad de desvincularlo tanto de su origen como de sus verdaderos propietarios".
María del Mar Rodríguez Alonso
La más oscura de todas estas muertes, en enero de 2015 el cadáver de esta mujer apareció en un hotel de Bilbao a causa de lo que la policía dictaminó que había sido un suicidio. Esta mujer era la esposa del senador del PP Tomás Burgos Beteta, y el juez Pablo Ruz la había imputado por la utilización que la trama Gürtel habría hecho de su empresa MR&Asociados como tapadera de Francisco Correa, entre otros casos, en la organización de un Congreso de Parques y Jardines Públicos en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. La investigación concluyó que María del Mar Rodríguez Alonso se había suicidado, deprimida por el rechazo de los juzgados a sus repetidas peticiones de ser desimputada, y por la muerte del familiar de una amiga, a cuyo funeral había acudido a Bilbao.
José Martínez Núñez
Dueño de Tecnología de la Construcción (Teconsa), este empresario también murió durante la investigación por la Gürtel. La burbuja y el escándalo de la propia trama, le costaron a Mártínez Núñez un imperio que había llegado a facturar por encima de 6000 millones de euros y contar con 650 trabajadores. Un ‘dictador’ para quienes trabajaron con él, por sus métodos y formas, tanto en el trato personal como profesional, Martínez Núñez y su empresa había sido señalado ya como relacionado con Correa por el primer juez que llevó el caso, Baltasar Garzón.
Francisco Sánchez Arranz
En algunos medios se presenta a este exconcejal del PP en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y exconsejero de Iberia como otro de los muertos Gürtel. En realidad, ni siquiera llegó a estar imputado, sin embargo, porque cuando el juez instructor, José de la Mata, quiso hacerlo ya había fallecido meses antes. Se le acusaba de haber sido un presunto prevaricador, por haber favorecido la adjudicación de una parcela de terreno público de acuerdo con Francisco Correa y con el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, el Albondiguilla. Llegó a declarar como testigo por este mismo asunto.
Álvaro Lapuerta
El que fuera protector, amigo y supervisor de Luis Bárcenas como tesorero del PP, a partir del estallido del caso Gürtel sufrió dos caídas en extrañas circunstancias, que afectaron dramáticamente su situación física. La segunda de ellas, de hecho, casi le costó la vida, ya que pasó un tiempo en coma. Las secuelas de las caídas fueron argüidas por su defensa para retrasar o evitar comparecencias ante los diferentes jueces que instruyeron la causa. En un comunicado que hicieron público tras la segunda caída, los propios hijos calificaron como "de extraños" los accidentes de su padre, que se produjeron uno en marzo de 2013, al poco de estallar en toda su plenitud el escándalo por ‘los papeles Bárcenas’, y la segunda y más grave, en abril de ese año, ambas a la entrada de su domicilio. Para añadir más ingredientes al asunto, hay que recordar que apenas medio año antes, Lapuerta había acudido a la policía para denunciar que había recibido llamadas amenazantes en las que se le decía que él ya era un hombre mayor, pero se le pedía "piensa en tus hijos y en tus nietos, ten cuidado con lo que haces". Murió finalmente en 2018 por complicaciones con su demencia.
Antonio Pedreira
Fue el que durante más tiempo controló la mayor investigación por corrupción en la democracia española y sus compañeros siempre lo recordarán como “un gran jurista y una gran persona”. El juez Antonio Pedreira, muy cercano a la cúpula del PP y principal freno para que no se investigara al partido, falleció en agosto de 2015 tras casi tres años hospitalizado por un accidente cerebral.
Juan Pérez Mora
Mora era un comercial que, en un cambio de los acontecimientos, se hizo pasar por juez para engañar a Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Cuando se apreció la falacia, el falso juez decidió "quitarse la vida" en el verano de 2009.
Estos casos de muertes sospechosas de personas implicadas en la corrupción del Partido Popular justo antes de declarar contra el partido han generado un clima de desconfianza y preocupación en la opinión pública. La coincidencia de estos fallecimientos bajo circunstancias poco claras plantea interrogantes sobre la independencia del sistema judicial y su capacidad para garantizar una investigación transparente y exhaustiva. Es crucial que se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales para descubrir la verdad detrás de estas muertes y restaurar la confianza en el sistema legal. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el funcionamiento adecuado de cualquier democracia y para asegurar que la corrupción política no quede impune.
