La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que analiza lo ocurrido en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia tenía señalado en rojo la fecha de la comparecencia de Carlos Mur, el encargado de firmar el conocido como Protocolo de la vergüenza, que impidió trasladar a miles de ancianos enfermos desde los geriátricos a los hospitales. La intervención de Mur este pasado miércoles dejó un gran titular al admitir que había firmado digitalmente las cuatro versiones del Protocolo, los días 18, 20, 24 y 25 marzo. Lo que significa que Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), mintieron de forma reiterada, en la propia Asamblea y en múltiples entrevistas, cuando afirmaron que el único Protocolo que existió fue el del día 25 de marzo y que los anteriores eran un mero "borrador".
Carlos Mur decidió admitir lo que ya estaba probado documentalmente (los cuatro Protocolos con su firma digital fueron reproducidos de forma íntegra por la prensa en junio del año pasado, pero a partir de ahí optó por ofrecer una versión que se aparta de la verdad en elementos esenciales. El objetivo era doble: implicar al entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), en la elaboración del Protocolo y restar toda importancia a las tres primeras versiones del documento, en un intento de levantar un cortafuegos ante una hipotética responsabilidad penal.
En definitiva, dejar a su suerte a ancianos en residencias públicas y semiprivatizadas (gestionadas por fondos buitre) por el Partido Popular es ya una obviedad. Ayuso y su equipo (incluído Ciudadanos y su líder Ignacio Aguado) dejaron morir sin ninguna piedad a personas mayores sin una asistencia médica digna, conviviendo vivos y fallecidos sin personal huído miserablemente para luego culpar al último en llegar, Pablo Iglesias. Miserables.
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