lunes, 4 de octubre de 2021

Ayuso desvía 500 millones al gigante de la sanidad Quirón mientras cierra centros de salud y dejaba morir ancianos en las residencias

Si algo caracteriza al Partido Popular, en especial a su presidenta en Madrid Isabel Díaz Ayuso, es no tener ni un atisbo de vergüenza. El  genocidio de ancianos durante la pandemia en las residencias y su famoso protocolo de dejarlos morir sin atención médica es una buena prueba de ello. Hace unos días publicábamos que en un año tan duro provocado por la pandemia, las residencias, hospitales y sanitarios recolocados para evitar contratar más personal, el Servicio Madrileño de Salud tuvo 821 millones de superávit en 2020. El Sermas, que había tenido unos números rojos de 886 millones en 2019, no explica cómo ha compensado ese déficit y ha dejado sin gastar semejante cantidad cuando todas las demás comunidades autónomas han tenido pérdidas.

También es sabido que la construcción de su famoso megahospital fantasma, el Isabel Zendal, fue adjudicado a dedo a una constructora amiga de la presidenta al igual que la seguridad privada de dicho hospital. Ahora conocemos que el Gobierno de Ayuso paga casi 500 millones al gigante de la sanidad Quirón saltándose los procedimientos legales pertinentes. El acuerdo sobre el importe que la Consejería de Sanidad se comprometía a abonar desde enero de 2020 al hospital Fundación Jiménez Díaz debía cerrarse en diciembre de 2019 pero ni siquiera se ha firmado aún para beneficio de estas entidades privadas. El agujero en el cumplimiento de la norma derivó así en 13 multimillonarias "convalidaciones", figura destinada a regularizar pagos para los que no se siguió la tramitación marcada por ley.

Después de una convención del Partido Popular que evidencia que el plan de un futuro Gobierno con la ultraderecha pasa por la bajada de las pensiones, el abaratamiento del depido, la bajada de impuestos para las grandes empresas y grandes fortunas y una reducción severa del Salario Mínimo Interprofesional. Los populares siguen con su manera de desmantelar el estado del bienestar cono absoluta impunidad, tanto legal como electoral.

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