El pacto secreto entre el PP, VOX, la banca y los fiscales: así se reparten el poder y el dinero

El próximo 23 de julio se celebrarán elecciones generales en España, y todo apunta a que el resultado será favorable para la coalición de derechas formada por el Partido Popular (PP) y Vox. Según las últimas encuestas, esta alianza podría obtener la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que le permitiría gobernar sin depender de otros partidos.

Esta perspectiva ha generado una gran expectación entre algunos sectores que ven en el cambio de Gobierno una oportunidad para avanzar en sus intereses. Entre ellos se encuentran los bancos, los jueces y los fiscales, que esperan beneficiarse de las políticas económicas y judiciales que promueven el PP y Vox.

Los bancos confían en que el nuevo Gobierno aplique medidas de liberalización financiera, reducción de impuestos y recorte del gasto público. Estas medidas podrían aumentar sus beneficios, al tiempo que disminuirían la presión regulatoria y fiscal sobre el sector. Además, los bancos esperan que el PP y Vox frenen las iniciativas legislativas que pretenden limitar los desahucios, regular las hipotecas o crear una banca pública.

Los jueces y los fiscales, por su parte, aspiran a que el nuevo Gobierno refuerce su independencia y autonomía frente al poder político. El PP y Vox han criticado duramente la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por el actual Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que consideran un intento de controlar la Justicia. Por ello, estos partidos se han comprometido a derogar esta reforma y a garantizar la separación de poderes. Asimismo, los jueces y los fiscales esperan que el nuevo Gobierno les dote de más medios materiales y humanos para mejorar su funcionamiento.

Estos son algunos de los ejemplos de cómo bancos, jueces y fiscales se frotan las manos con un Gobierno de PP y Vox a partir del 23 de julio. Sin embargo, no todos los ciudadanos comparten esta ilusión. Muchos temen que este cambio de Gobierno suponga un retroceso en derechos sociales, libertades civiles y calidad democrática. Por eso, el próximo 23 de julio será una fecha clave para el futuro de España.